El conflicto armado interno, con el que Daniel Noboa lucha contra el crimen organizado, le ha labrado una popularidad del 80%. Pero el reto de reinstitucionalizar el país es el objetivo mayor.
A causa de la inseguridad, el Ecuador, que antaño era un país considerado como una isla de paz en la región, hoy se debate en un conflicto armado interno sin precedentes contra el crimen organizado. Esto ha llevado a la población a vivir en un grave estado de crisis, que emula a la Colombia de los años ochenta, y cuyas características propias hacen complejo y desafiante el combate.
El llegar hasta acá ha tomado algunos años, pues esta situación es consecuencia de un proceso lento pero sostenido de desinstitucionalización que es necesario analizar.
La justicia es en todo Estado de derecho la columna vertebral de la institucionalidad democrática. Cuando esta se contamina, se vuelve botín político de los gobiernos de turno. Se torna en la sede de todo tipo de injusticias, desacatos y desafueros.
Política y justicia
En el Ecuador, dos veces se «metieron las manos políticas en la justicia» en los últimos quince años. La primera, en mayo del 2011, a través de un referendo y consulta popular promovido por el presidente Rafael Correa. Este lo ganó con el 46% de los votos. En ese momento, y con el argumento de mejorar la estructura de las cortes, se creó un Consejo de la Judicatura de Transición que reestructuró la función judicial. De igual forma se enmendó la Constitución y se reformó el Código Orgánico de la materia. Se dice que este fue el inicio del debilitamiento de la justicia, porque esa reestructuración erigió un sistema judicial con operadores afines políticamente al régimen de turno, cuya función era perseguir enemigos políticos. Se inauguró así la impunidad y se abrió las puertas al crimen organizado, como sucedió en el caso Arroz Verde, por ejemplo.
La segunda vez que se intervino la justicia, indirectamente y con poco éxito, fue en el régimen de Lenin Moreno. A través de un nuevo referéndum y consulta, en febrero de 2018, se reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, nombró un nuevo Consejo de la Judicatura de Transición y posteriormente al definitivo, que organizó el concurso de jueces, sin buenos resultados. Este proceso recibió serias críticas de organismos internacionales, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, que pusieron en duda su efectividad.
Paralelamente, el crimen organizado penetraba el Ecuador a sus anchas, tutelado por quienes tenían la obligación jurídica de combatirlo.
Estado débil
Los aspectos antes mencionados pueden explicar por qué se percibe a la justicia ecuatoriana como débil, condicionada políticamente y sin los arrestos para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país. Sin embargo, por fortuna, el Ecuador cuenta con una fiscal general con orientación técnica y profesional. Su actuación ha logrado poner al descubierto casos sólidos de corrupción y crimen organizado —como el caso Metástasis— tras procesos serios investigativos. No obstante, para que estos sean perseguidos exitosamente se requiere una justicia sin doblez, lo que constituye un reto para el país en estos momentos.
Hoy por hoy, el desafío de enfrentar la inseguridad y la reinstitucionalidad del Estado lo tiene el presidente Noboa. Un joven político que goza del 80% de aceptación. Ha tomado fuertes decisiones al amparo de su denominado Plan Fénix: pidió a las fuerzas armadas apoyo a la policía, decretó el conflicto armado interno y otras más complejas, como subir al IVA al 15% por la situación económica. Si tiene éxito y logra sostener la calma que se está empezando a vivir, le pueden esperar buenos augurios para su plan de reelección. No obstante, el camino de la reinstitucionalización aún se prevé largo y sinuoso.
Publicado en: https://dialogopolitico.org/agenda/ecuador-riesgo-politico-al-maximo/